Fuente: Inter
Press Service
Representantes de 38 países de América Latina
y el Caribe se reunieron del 12 al 15 de agosto en Montevideo —la capital del Uruguay— para evaluar el progreso de la Conferencia de El Cairo sobre Población y
Desarrollo, celebrada en el año 1994. La conferencia del Cairo trata de los derechos sexuales y reproductivos,
pero estos solo son sinónimo de aborto, químico o quirúrgico.
La
reunión en Montevideo fue organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el gobierno de Uruguay
con el apoyo del Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA). También se reunieron 24
organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no
gubernamentales.
El
documento llamado: “Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo” insta a "los estados
a considerar la modificación de sus leyes, reglamentos, estrategias y
políticas públicas en relación con la interrupción voluntaria del embarazo”.
En América Latina,
el aborto en el primer trimestre es
legal a demanda en Cuba,
Ciudad de México y, desde 2012, en Uruguay. En el resto de los países,
se permite en casos excepcionales —como el riesgo para la vida de la madre o violación— o bajo ninguna circunstancia en absoluto, como en Chile,
República Dominicana, El Salvador y Nicaragua.
Es
evidente que la reunión estuvo plagada de
“feministas” quienes tenían una agenda específicamente pro-aborto. Cuevas Daptnhe, de la
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe, dijo que su
reacción a los resultados de la conferencia
fue de "júbilo". Las feministas llegaron a Montevideo con una serie de propuestas claramente definidas
que fueron absorbidas íntegramente por los gobiernos.
Esto indica que en América
Latina, los “derechos de las
mujeres” lastimosamente también se han convertido en el “derecho de las mujeres
de matar a sus propios hijos".
Estas
medidas, de acuerdo con el Consenso, se están tomando porque los países están
"preocupados por las altas tasas de
mortalidad materna, debido en gran parte a las dificultades para obtener
acceso a servicios de salud reproductiva
y salud sexual adecuada
o abortos inseguros,
y consciente de que algunas de las
experiencias en la región han
demostrado que la penalización del
aborto lleva a tasas más altas de mortalidad materna".
Lo que no se mencionó en el consenso es que en Chile en donde el aborto es ilegal, sin excepción, se tiene la tasa más baja de mortalidad materna en América Latina.
Lo que no se mencionó en el consenso es que en Chile en donde el aborto es ilegal, sin excepción, se tiene la tasa más baja de mortalidad materna en América Latina.
Otro
de los "logros"
del documento fue el reconocimiento
de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos como conceptos separados pues la conferencia del Cairo solo habla de derechos
reproductivos. Se dice que los
países deben: "promover,
proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos
reproductivos con el fin de contribuir
a la realización de las personas y
la justicia social en una sociedad
libre de toda forma de discriminación y
violencia."
En un
comunicado de prensa del 15 de agosto, el Fondo para la Población de la ONU subraya
que: “Entre los avances más
importantes del consenso de Montevideo, que hace un llamamiento a un nuevo
modelo económico y un pacto por la convivencia, destaca la incorporación de los derechos sexuales, la orientación sexual,
la identidad de género y la inclusión de la población LGBT (Lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales).
También resalta la importancia otorgada a los servicios de salud sexual y
reproductiva, así como el valor del secularismo
como parte esencial para la realización plena del ejercicio de los derechos
humanos”.
Es de notar
que la CEPAL hizo una advertencia en las reuniones previas: “no ha habido apoyo
para el cambio hacia la legalidad del aborto de ‘la comunidad religiosa’, y
reconoció que
sin ese apoyo ‘sería difícil avanzar’, a pesar de los esfuerzos actuales, en el
cambio de la legislación sobre el aborto”
Costa Rica es el
último y único Estado en América Latina, que tiene la fe católica como oficial
en su Constitución.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado recientemente a ejercer presión sobre Costa Rica para que cambie sus leyes y permita el aborto, la fecundación in vitro, la píldora del día después y "matrimonios" entre personas del mismo sexo. El país puede ser juzgado si no cumple con estas imposiciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado recientemente a ejercer presión sobre Costa Rica para que cambie sus leyes y permita el aborto, la fecundación in vitro, la píldora del día después y "matrimonios" entre personas del mismo sexo. El país puede ser juzgado si no cumple con estas imposiciones.
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